Una operación coordinada por diversas agencias federales resultó en el arresto de 23 extranjeros en las áreas de Evansville y Bloomington, Indiana.
La operación que se llevó a cabo entre el 29 de abril y el 1 de mayo tuvo como objetivo combatir la actividad criminal y reforzar la seguridad pública.
La acción fue liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).
También participaron agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del Servicio de Alguaciles Federales (USMS) y la Oficina del Fiscal Federal (USAO).
De los 23 detenidos, 18 tenían antecedentes penales, incluyendo: 10 sujetos con uno o más cargos por conducir bajo los efectos del alcohol.
Y otra decena de individuos involucrados en delitos que causaron lesiones a otras personas, 3 relacionadas con posesión o tráfico de drogas.
Su historial no es nada grato
Cuatro de los arrestados tenían órdenes de arresto federales. Entre ellos:
Martin Cortez-López, de 36 años, arrestado al salir de la corte en Bloomington.
Tiene antecedentes por posesión de cocaína, resistencia a la autoridad y fue deportado en 2011.
Amin Reynosa-Diaz, de 29 años, detenido en un sitio de construcción en Evansville.
Tiene cargos previos por violencia doméstica y conducción en estado de ebriedad. Fue deportado en 2019.
Jaime Ortiz-Guzmán, de 46 años, arrestado en Bloomington. Su récord incluye fraude, agresión, y múltiples cargos por conducir sin licencia o bajo los efectos del alcohol. Es un delincuente previamente deportado.
Jonathan Regules-Hernández, de 44 años, fue detenido tras una breve persecución a pie en Bloomington.
Tiene cargos desde el año 2000 por robo, tráfico de drogas y conducción sin licencia. También había sido deportado anteriormente.
Según ICE, esta operación demuestra el valor del trabajo conjunto entre agencias federales para identificar y capturar a personas que representan una amenaza para la seguridad pública y que además violan las leyes migratorias de Estados Unidos.
“El trabajo de nuestros oficiales es clave para mantener seguras a las comunidades, especialmente frente a individuos con antecedentes violentos”, declaró Douglas Thompson, director asistente de la oficina de ICE en Chicago.
“Gracias a nuestras alianzas federales, estos extranjeros criminales serán llevados ante la justicia migratoria del país”.
