Por Alondra Madrigal/MGNews
Una mujer brasileña que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos fue arrestada por agentes federales tras ser acusada de cometer múltiples delitos sexuales contra una menor.
Ilma Leandro De Oliveira, de 53 años, fue detenida a finales marzo en la localidad de Falmouth, Massachusetts por oficiales de la oficina de Operaciones de Deportación y Ejecución (ERO) de ICE Boston, en colaboración con agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
“Ilma enfrenta siete cargos relacionados con la victimización sexual de una niña en nuestra comunidad de Massachusetts”, declaró Patricia H. Hyde, directora interina de ERO Boston.
“Estos son crímenes que simplemente no toleraremos. ICE dará prioridad a la seguridad de nuestros niños arrestando y deportando a cualquier extranjero que represente una amenaza para los residentes de Nueva Inglaterra”, agregó la funcionaria por medio de un comunicado de prensa.
De acuerdo con las autoridades, Leandro fue arrestada inicialmente por la Patrulla Fronteriza el 20 de septiembre de 2007, tras ingresar ilegalmente al país cerca de Laredo, Texas.
Fue deportada a Brasil el 27 de diciembre de ese mismo año, pero en una fecha desconocida y a través de un punto de entrada no identificado, Leandro reingresó ilegalmente al país sin ser inspeccionada ni admitida por las autoridades inmigratorias.
Se le ocurrió abusar de una chica
El pasado 18 de marzo, el Tribunal de Distrito de Falmouth la procesó formalmente por una serie de cargos graves, entre ellos fue violación de un menor, exposición indecente, abuso sexual agravado, actos antinaturales con un menor, violación con agravantes, y relaciones incestuosas.
Dos días después, agentes de ICE, FBI y ATF ejecutaron su arresto y le entregaron una notificación de intención para restablecer su orden de deportación previa.
El 8 de abril, ICE transfirió la custodia de la detenida al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, ya que enfrentará también cargos federales por reingreso ilegal tras una deportación.
Las autoridades indicaron que se trata de una investigación activa y que continuarán trabajando para proteger a los menores de la región de cualquier tipo de abuso o explotación.