En un operativo que refleja la creciente preocupación por la seguridad en la región, las autoridades federales deportaron a 142 indocumentados desde el área de Houston hacia México en tan solo dos semanas.
Lo alarmante no es solo la cantidad, sino el perfil de los deportados: entre ellos, depredadores sexuales, miembros de pandillas y reincidentes con décadas de historial criminal.
Según la oficina de ICE en Houston, estos individuos habían cruzado ilegalmente la frontera un total combinado de 480 veces, y juntos acumulaban 473 condenas penales en Estados Unidos.
Por delitos que van desde violencia doméstica y narcotráfico, hasta abuso sexual infantil y amenazas terroristas.
“Durante mucho tiempo no hubo un verdadero freno a la entrada ilegal, y eso abrió la puerta a criminales que hoy representan una amenaza directa para nuestras comunidades”, declaró Bret Bradford, director de ICE en Houston.

Una problemática grave en el país
“Este operativo es solo una muestra de lo grande que es el problema”, agregó el funcionario federal.
Entre los casos más graves figuran un hombre con 21 ingresos ilegales y vínculos con la pandilla Sureños 13.
Dos individuos condenados por abusos sexuales continuos contra menores.
Sujetos con múltiples cargos por asalto agravado, contrabando humano, tráfico de drogas y más.
Otros con condenas por lavado de dinero, crueldad hacia niños y animales, violencia doméstica y participación en crimen organizado.
Además, ICE reportó que al menos 11 de los deportados ya habían recibido órdenes de deportación previas, pero permanecieron ilegalmente en Estados Unidos.

Culpan a autoridades locales
Aunque el operativo sólo abarcó a personas enviadas a México, las autoridades explican que esto representa sólo una fracción del trabajo diario.
Y, aclararon que planean continuar con acciones similares para frenar la actividad criminal relacionada con inmigración irregular.
La agencia también señaló que, en muchos casos, las autoridades locales no cooperaron con órdenes de detención migratoria.
Y que eso obligó a ICE a realizar arrestos en la vía pública, aumentando los riesgos tanto para oficiales como para la comunidad.


