Por Alondra Madrigal/MGNews
La organización proinmigrante FWD.us alzó la voz este martes tras una preocupante mención sobre la deportación de Kilmar Abrego García.
Este ciudadano salvadoreño que residía en Maryland fue expulsado del país por la agencia de Inmigración a pesar de que había una orden judicial que impedía su remoción.
Ayer lunes, durante una reunión en la Oficina Oval entre los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele de El Salvador, ambos declararon que no están dispuestos a hacer algo para que Kilmar retorne a Estados Unidos.
Por el contrario, Bukele hasta insinuó que era un terrorista, versión que fue respaldada por funcionarios de Trump que lo catalogaron como miembro de la pandilla transnacional MS13.
Todd Schulte, presidente de FWD.us, calificó este caso como un claro ejemplo de violación al debido proceso judicial y una amenaza directa a los principios fundamentales del sistema legal estadounidense.
“Esto no debería estar sujeto a polémicas. Los comentarios de hoy son un doloroso recordatorio de por qué el debido proceso judicial debe ser respetado antes de que cualquier gobierno tome medidas con consecuencias tan trascendentales”, expresó Schulte en un comunicado oficial.
La declaración responde a la forma en que se ejecutó la deportación de Abrego García, la cual, según FWD.us, ignoró garantías legales básicas y utilizó de manera inapropiada la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación invocada históricamente en tiempos de guerra, para justificar su expulsión del país.
La organización advirtió que permitir este tipo de deportaciones sin supervisión judicial sienta un precedente alarmante para miles de personas que viven en Estados Unidos, sin importar su estatus inmigratorio.
¿Cuántas deportaciones como estas veremos?
Además, recordó que la Corte Suprema ya ha intervenido en el pasado para proteger el debido proceso en casos similares y pidió al congreso pronunciarse con firmeza en defensa de estos principios.
El grupo de activistas también exigió al Congreso que detenga el uso de fondos públicos en deportaciones prohibidas o cuestionadas por su posible inconstitucionalidad.
FWD.us instó a los legisladores a apoyar los esfuerzos legales para repatriar a personas injustamente deportadas, como el Sr. Abrego García.
“Nuestros líderes electos deben exigir que el dinero de los contribuyentes no se siga usando para hacer cumplir deportaciones prohibidas o para obstruir los esfuerzos de regresar a casa a personas como Abrego García”, concluyó FWD.us.
Este caso ha reavivado el debate nacional sobre las prácticas de deportación, el uso de leyes excepcionales y el respeto a los derechos humanos en la política inmigratoria de los Estados Unidos.
FWD.us insiste en que el debido proceso no puede ser opcional y que todas las autoridades deben comprometerse a una política inmigratoria más humana, justa y transparente.
