Por Alondra Madrigal/MGNews
Una investigación federal de robo de identidad ha sacado a la luz una compleja red de inmigración ilegal que operaba en distintos puntos del país.
Como resultado, 18 inmigrantes indocumentados han sido acusados formalmente de robo de identidad con agravantes, uso indebido de números de seguro social y falsificación de documentos.
La operación fue posible gracias a un esfuerzo conjunto liderado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en coordinación con otras agencias federales.
Según ICE, los detenidos también mintieron sobre su ciudadanía con el objetivo de obtener empleo ilegalmente en Estados Unidos.
De ser hallados culpables, cada uno de los acusados podría enfrentar penas que van desde un mínimo obligatorio de dos años hasta un máximo de 12 años en una prisión federal.
¿Quiénes son los imputados?
Entre los acusados se encuentran los hondureños Luvin Daniel Hernández, Elvin Hernández Amador, Elmer Modesto Amador, Junior Eduardo Ferrufino Andino, Noé Ardón, Pedro Amaya Enríquez y Cristian Daniel Díaz García.
Al igual que Sindi Yamileth Mejía Ávila, nativa de Guatemala y Juan Reséndiz Ledesma, de México.
Todos ellos están pendientes de ser enjuiciados, pero quienes sí ya fueron sentados en el banquillo de los acusados y declarados culpables fueron:
Erlin Maradiaga Flores, también hondureño, por robo de identidad, sentenciado a dos años de prisión federal.
Su familiar, Nidia Maradiaga Flores, enfrentará juicio también en abril de 2025.
Por su parte Allan Gómez Zelaya, de Honduras, se declaró culpable de los mismos cargos el 30 de enero de 2024, y su sentencia está programada para el 15 de abril de 2025.
Su pariente, Eliecer Gómez Zelaya, recibió una acusación sustitutiva el 27 de septiembre de 2023. Finalmente, Juan Molina Salles, igualmente hondureño, fue acusado el 6 de septiembre de 2023.
Las autoridades continúan investigando posibles conexiones adicionales entre los acusados y otras redes de fraude migratorio.
Este caso señala la importancia de la cooperación interinstitucional para proteger la integridad del sistema inmigratorio y laboral de Estados Unidos contra los individuos que ingresan al país ilegalmente, indicaron las fuentes oficiales.
