La tranquilidad del pasado martes se vio interrumpida por una captura que muchos consideran evitable.
Humberto López, un ciudadano mexicano de 50 años con un largo historial delictivo, fue arrestado el 7 de mayo por agentes de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE en San Diego, California.
Esto luego de que el hombre fuera liberado de la cárcel del condado pese a tener una orden de arresto federal activa.
López no es un desconocido para las autoridades. Ha sido acusado antes por agresión con un arma mortal.
Por ello, cayó bajo custodia local pero sorpresivamente liberado sin que se notificará a ICE, la agencia responsable de su detención federal.
La persistente sombra de la ley estatal ‘Ley del Estado Santuario’
Esta ley limita la cooperación entre agencias, obligando a ICE a buscar criminales peligrosos en la calle en vez de detenerlos desde una celda segura, según autoridades federales.
El mexicano, quien ya había sido deportado, volvió a ingresar ilegalmente a EE. UU. y recientemente fue arrestado por agresión con arma mortal.
Su historial incluye otras condenas por tráfico de drogas, robo y asalto a mano armada.
Tras su captura, ICE le notificó la reinstalación de su orden previa de deportación.
La Fiscalía federal aceptó el caso para enjuiciarlo, y López será entregado a los U.S. Marshals mientras espera su audiencia.
Su arresto ha reavivado el debate sobre cómo las leyes locales, como la SB 54, afectan la cooperación con autoridades migratorias y la seguridad pública.